Desalentar exportaciones e importar alimentos, el reino del revésComunicado de CRA.
La situación económico-social se agrava, ante una dinámica inflacionaria cada vez más sostenida. En abril el IPC general creció 8,4% mensual, y los alimentos lo hicieron 10,1%, creciendo como casi siempre detrás de Indumentaria, que lideró las subas con un 10,8%. Esta dinámica no es adecuadamente atendida por la política económica, con cepos, múltiples tipos de cambio y controles de precios que no pueden frenarla. Es más, son medidas que aceleran una inflación de origen monetario-fiscal, por la emisión para financiar el déficit, pero que ya adquiere una dinámica inercial creciente mes a mes.
Al respecto, el gobierno anunció que analiza la importación de alimentos libres de aranceles, como otra nueva "medida" contra la inflación. No deja de sorprender, dado que el problema inflacionario no se remite a un producto o rama productiva en particular, como los alimentos, sino que es un problema de raíz macroeconómica, responsabilidad únicamente de la política económica.
Por caso, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Uruguay aumentó en abril 7,6% anual, con un alza mensual de 0,7%, incluyendo una suba mensual de 1,9% para los alimentos, claramente distante de los guarismos de la Argentina.
El Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central, que refleja el promedio de estimaciones de las consultoras, arroja para 2023 una inflación de, por ahora, 128% anual.
¿Tiene sentido usar las muy escasas reservas del Banco Central para gastarlas en importaciones de alimentos? Cuando esas reservas son imprescindibles para importar insumos que no se producen en el país, desde fertilizantes hasta piezas y accesorios de tecnologías varias para distintas actividades productivas. ¿Qué y cuáles alimentos se importarían? ¿Qué impacto tendrían en la medición del IPC? ¿Qué impacto tendrían realmente en la canasta de consumo de las familias?
¿Qué implicarían para determinadas producciones de alimentos nacionales, que van a vender aún menos, y así, agravar la crítica situación financiera de las empresas y golpear más la cadena de pagos? ¿Qué pasaría con los productores de frutas, verduras, carne, leche y otras producciones regionales, que reciben un precio interno que no cubre costos, tienen serios problemas de rentabilidad, no pueden ser competitivos con este tipo de cambio, y, paradójicamente, el consumidor no puede pagar el precio de estos alimentos, inflados de impuestos?
Las soluciones pasan por aplicar una nueva política antiinflacionaria, eliminando el déficit fiscal. Además, promoviendo la producción y las exportaciones, por ejemplo, avanzando en el Acuerdo Unión Europea- Mercosur, paralizado por este gobierno, donde se podrían exportar más alimentos, y no sumando importaciones innecesarias.
En un país que puede alimentar a muchos otros, y que lo hace en mucha menor medida por las equivocadas políticas agropecuarias, todas anti-exportadoras, aplicadas por este gobierno, plantear importar alimentos es, de alguna manera, vivir en el reino del revés.
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La situación económico-social se agrava, ante una dinámica inflacionaria cada vez más sostenida. En abril el IPC general creció 8,4% mensual, y los alimentos lo hicieron 10,1%, creciendo como casi siempre detrás de Indumentaria, que lideró las subas con un 10,8%. Esta dinámica no es adecuadamente atendida por la política económica, con cepos, múltiples tipos de cambio y controles de precios que no pueden frenarla. Es más, son medidas que aceleran una inflación de origen monetario-fiscal, por la emisión para financiar el déficit, pero que ya adquiere una dinámica inercial creciente mes a mes.
Al respecto, el gobierno anunció que analiza la importación de alimentos libres de aranceles, como otra nueva "medida" contra la inflación. No deja de sorprender, dado que el problema inflacionario no se remite a un producto o rama productiva en particular, como los alimentos, sino que es un problema de raíz macroeconómica, responsabilidad únicamente de la política económica.
Por caso, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Uruguay aumentó en abril 7,6% anual, con un alza mensual de 0,7%, incluyendo una suba mensual de 1,9% para los alimentos, claramente distante de los guarismos de la Argentina.
El Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central, que refleja el promedio de estimaciones de las consultoras, arroja para 2023 una inflación de, por ahora, 128% anual.
¿Tiene sentido usar las muy escasas reservas del Banco Central para gastarlas en importaciones de alimentos? Cuando esas reservas son imprescindibles para importar insumos que no se producen en el país, desde fertilizantes hasta piezas y accesorios de tecnologías varias para distintas actividades productivas. ¿Qué y cuáles alimentos se importarían? ¿Qué impacto tendrían en la medición del IPC? ¿Qué impacto tendrían realmente en la canasta de consumo de las familias?
¿Qué implicarían para determinadas producciones de alimentos nacionales, que van a vender aún menos, y así, agravar la crítica situación financiera de las empresas y golpear más la cadena de pagos? ¿Qué pasaría con los productores de frutas, verduras, carne, leche y otras producciones regionales, que reciben un precio interno que no cubre costos, tienen serios problemas de rentabilidad, no pueden ser competitivos con este tipo de cambio, y, paradójicamente, el consumidor no puede pagar el precio de estos alimentos, inflados de impuestos?
Las soluciones pasan por aplicar una nueva política antiinflacionaria, eliminando el déficit fiscal. Además, promoviendo la producción y las exportaciones, por ejemplo, avanzando en el Acuerdo Unión Europea- Mercosur, paralizado por este gobierno, donde se podrían exportar más alimentos, y no sumando importaciones innecesarias.
En un país que puede alimentar a muchos otros, y que lo hace en mucha menor medida por las equivocadas políticas agropecuarias, todas anti-exportadoras, aplicadas por este gobierno, plantear importar alimentos es, de alguna manera, vivir en el reino del revés.
