La cuestión hídrica debe ser una auténtica política de estado

Santa Fe es una provincia agropecuaria por excelencia, por historia y por su presente, con una intensa actividad productiva en todo su territorio, diverso por cierto, y con un tramado muy rico de más de 360 pueblos y ciudades desplegadas en su interior, que le dan identidad y la colocan entre las provincias más destacadas del país.

Sin embargo, hay cualidades que hacen a la provincia vulnerable: hay importantes cursos de ríos que la rodean y la atraviesan, y es característico, a su vez, su terreno de escasa pendiente, de llanura, lo cual implica que ante grandes precipitaciones, el escurrimiento se produzca con lentitud; a su vez, es receptora de aguas provenientes de provincias lindantes, ocasionando anegamientos e inundaciones de gran magnitud.

El territorio santafesino padece hoy, una vez más, las adversidades que impone el clima. Las actuales inundaciones se suman a las ya acontecidas allá por abril del 2016 y por enero del 2017, con el intervalo de la sequía del 2018, la más pronunciada de los últimos 50 años, según especialistas.

Resulta imprescindible que en Santa Fe la cuestión hídrica sea una verdadera política de Estado. Esto implica que, partiendo de un diagnóstico serio y adecuado, se tracen estrategias centrales para la provincia, respaldadas por un amplio consenso social, institucional y político, que trasciendan los sucesivos gobiernos hasta alcanzar sus objetivos, con un horizonte de cierta estabilidad y permanencia en el tiempo.

Sabido es que el agua no respeta jurisdicciones, por lo cual dicha política hídrica deberá elaborarse conjuntamente con las provincias vecinas y la Nación, haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr consensos estratégicos.

Una genuina política de Estado implica de manera imperiosa el desarrollo y la ejecución de un plan sistémico hídrico provincial, que contemple las distintas regiones o macrocuencas hídricas y las cuencas menores, y sus correspondientes planes directores. Desde CARSFE se ha insistido con esta demanda durante años, y hasta el momento, se desconocen los planes directores para cada macrocuenca, los cuales facilitarían un proceso racional de toma de decisiones; por el contrario, se han anunciado algunas obras y se están ejecutando otras, sin el marco de un plan director, con los riesgos que ello implica. Dichos planes directores deben ser de acceso público, para que tanto los ciudadanos como las autoridades locales, provinciales y nacionales sean custodios de los mismos y nadie se aparte de la hoja de ruta trazada.

A su vez, una política de Estado seria y efectiva en materia hídrica implica actualizar las herramientas existentes, hoy totalmente obsoletas. Una reunión de Comisión de Emergencia Agropecuaria genera expectativa mediática, pero todos sabemos que en el mejor de los casos la declaración de emergencia es como una aspirina para un enfermo en terapia intensiva. Urge, además, un fondo provincial para recomponer el capital productivo que se pierde ante estos eventos, como así también avanzar en un sistema de seguro moderno.

La infraestructura hídrica y la red vial requieren un urgente replanteo y adecuación, y son imperiosas herramientas legales modernas, tarea que los legisladores omiten abordar. El sistema de tasa rural que perciben las comunas nadie quiere analizarlo, pero en algunas comunas se aplican discrecionalmente tasas abusivas y seguimos con caminos en estado deplorable. Desde CARSFE hace años hemos propuesto modificar los instrumentos existentes, y sin embargo, continuamos con el sistema de Comité de Cuencas, cuya ley tiene más de 30 años, y que en vez de actuar sobre cuencas hídricas, actúan sobre distritos.

La cuestión hídrica está en la agenda política como consecuencia de los sucesivos eventos climáticos de estos años, y así se han conformado el Consejo Hídrico, Productivo y Ambiental y la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático en el ámbito provincial; se han constituido los Comités Interjurisdiccionales con provincias vecinas y la Nación; se ha sancionado la Ley de Aguas, con algunas disposiciones pendientes de reglamentación; el Consejo Regional de los Bajos Submeridionales se reúne periódicamente, entre otras acciones realizadas, pero no es suficiente. La realidad demuestra que lo efectuado hasta el momento es escaso, o no ha producido el efecto deseado.

Al Sr. Gobernador, le reiteramos lo dicho mediante nota que le fuera presentada en fecha 16 de Enero de 2017 en las inundaciones de aquel entonces, donde decíamos: "...?Sr. Gobernador, hagamos de esta crisis una oportunidad. Pretendemos que se trabaje con una visión a largo plazo, con políticas de alto vuelo que sienten los basamentos para un devenir promisorio, y no con una visión proselitista. Desde nuestra Confederación procuramos que se aborden los temas estructurales con responsabilidad, caso contrario aquellas metas que todos anhelamos, como lograr aumentar la producción, desarrollar mayor agregado de valor, fomentar más arraigo en el ámbito rural y garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial, serán sólo eso, simples deseos y discursos de campaña...".

Para lamento de los santafesinos,?los términos de dicha nota - que adjuntamos- no han perdido vigencia, por lo cual hacemos extensiva dicha petición a toda la dirigencia política nacional, provincial y local. Desde CARSFE pedimos que la cuestión hídrica sea una auténtica política de Estado, lo cual implica pensar y destinar esfuerzos en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones.