La judicialización sobre fitosanitarios solo trae incertidumbre

Los principales actores de la producción agropecuaria de Entre Ríos deseamos manifestar la más profunda preocupación por la situación que atraviesan el sector agropecuario, agroindustrial y profesionales asociados a estas actividades, entre otros, que están directa e indirectamente involucrados a los rubros productivos afines, debido a las indefiniciones por parte del Estado provincial respecto a las distancias de las pulverizaciones agrícolas.

Cuando hablamos del Estado, no lo hacemos solamente en referencia al Poder Ejecutivo, sino que englobamos a la Legislatura y al Poder Judicial, ya que, de una u otra manera, por acción u omisión, han tenido responsabilidad para que hayamos llegado a esta situación de imprevisibilidad que compartimos con todos los actores del arco productivo rural de la provincia.

Resulta necesario destacar que la incertidumbre que se desprende del actual estado de las cosas es un elemento paralizante y sumamente injusto, ya que hablamos de una actividad absolutamente lícita y, a pesar de ser damnificados y rehenes de la situación, somos acusados de manera irresponsable por parte de sectores que nunca han podido respaldar científicamente sus dichos.

Llamativamente, y sin que se esgriman justificaciones de peso, hoy las ciencias agrarias y todas aquellas acciones que están relacionadas con una producción más amigable con el medioambiente, son demonizadas. Siempre hemos defendido las buenas prácticas agrícolas y hemos dado a conocer nuestro rechazo hacia toda acción contraria a ellas, ya que la irresponsabilidad de algunos no puede provocar que se nos castigue a todos. No obstante ello, la prohibición lisa y llana de la actividad, la reglamentación sin parámetros respecto de las pulverizaciones y el ataque sistemático hacia los productores, no podemos ni debemos tolerarlo.

Si bien todos conocemos las miserias que llevaron a la Cámara de Diputados de Entre Ríos a no tratar la ley de fitosanitarios, hoy el decreto reglamentario emanado desde el Ejecutivo ha sido revocado por una medida judicial caprichosa y demagógica. En este sentido, nos preocupa que a la Justicia entrerriana no le interese recabar datos científicos ni del ámbito del sistema de salud a la hora de dictar una medida.

Por ejemplo, es extraño que el Ministerio de Salud de la provincia tenga informes epidemiológicos y no dé a conocer los resultados. Lo más triste del caso es que ello tal vez ocurra porque los mismos sean benévolos con el sector agropecuario. Igual de sorprendente es que los entes sanitarios nacionales y provinciales no sean tenidos en cuenta. La pregunta que surge desde el más estricto sentido común es: ¿qué elementos habrá sopesado la Justicia para decidir en una cuestión técnica de esta magnitud? Lamentablemente, se erige como respuesta que los mezquinos intereses políticos han triunfado una vez más por sobre la razón y la justicia.

Para colmo, en el medio de un debate que aún no se ha dado profundamente con todos los actores involucrados, algunos sectores políticos, gremiales y ambientales han tomado esto como una bandera para sacar una tajada sectaria e irresponsable. Paralelamente, ni a estos grupos ni al Estado les preocupa que no haya cuerpos técnicos provinciales que estén acorde con las circunstancias y con la importancia de la temática. Las áreas competentes en la materia no tienen ni personal ni equipamiento para llevar adelante un trabajo de control a lo largo y ancho de la provincia, lo que termina siendo un ejemplo cabal del desinterés y de la falta total de dimensionamiento de la problemática que padecen miles de productores entrerrianos. En resumen, no les interesan la producción ni los productores, salvo a la hora de recoger la recaudación de los asfixiantes impuestos provinciales, los más altos, por lejos, de la región.

Pero la gravedad del problema no se extingue en la faz productiva. Hay un aspecto tan grave como el económico y es la dimensión social. Dejar de producir en más de 300 mil hectáreas conllevará el abandono obligado de la actividad que vienen desarrollando muchos entrerrianos. Eso dejará secuelas sociales profundas, tal vez irrecuperables. Ninguno de los tres poderes del estado entrerriano ni los impulsores de esta medida judicial ridícula se han detenido a pensar en las familias, en los tamberos, en los pequeños productores. A nadie le importa su suerte. Subidos a una falsa e inconducente ideología harán estragos en miles de entrerrianos de tierra adentro. Total, los micrófonos y los flashes más resonantes, los que dan más presencia mediática, están en las grandes ciudades. Mientras tanto, los productores y los vecinos rurales esperamos del Estado entrerriano una cuota de empatía, para entender en la encrucijada que nos han metido. Trabajamos dentro de una actividad lícita y pilar de la Argentina, pero en Entre Ríos, paradójicamente, somos el pato de una boda ajena.

Firman: Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa - regional Paraná, Bolsa de Cereales de Entre ríos, Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, Colegio de profesionales de la agronomía de Entre Ríos, Federación Agraria Argentina, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Cooperativas, Sociedad Rural Argentina.