Las usurpaciones de tierras y la responsabilidad del Gobierno

En las últimas jornadas, hemos visto reflejadas en algunos medios, las noticias de tomas de tierras por grupos con distintos reclamos, asimismo, en la proximidad de San Carlos de Bariloche, una larga ocupación y la violencia que en ella se ha desatado muestra de manera innegable la caótica situación que ha alcanzado la ocupación ilegal de tierras, para presionar luego de haber consolidado su ocupación violenta.

Frente a ello, las autoridades de seguridad, nada hacen y la Justicia se demora en su burocracia, los ánimos se exacerban y el Estado no brinda solución alguna, paradójicamente fogonea la actitud disponiendo interminables negociaciones, que solo prolongan el hecho ilícito.

Recientemente, la Ministra de Seguridad -nada menos- ha denunciado a vecinos que marcharon en Bariloche en contra de una situación que a los ciudadanos comunes los tiene perplejos, meses y meses de tomas de tierras, incendios, destrucción y violencia y el Estado sumido en ocultar lo que ocurre o lo que es peor, sin resolverlo y quienes reclaman pacíficamente, son los sometidos a la persecución judicial.

Si los perjudicados son productores, el Estado y las Provincias, con pocas excepciones, se desentienden del asunto pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando está claro, que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución Nacional y que ello sucede bajo la inacción del Estado.

Si la Sra. Ministra, entiende que quienes ingresan en forma violenta o clandestina a un inmueble rural con propiedad privada, el Estado no debe restituirles el bien, sino generar, como ha declarado, "la resolución de los conflictos sociales debe transitar el camino del diálogo, el respeto y la mediación inteligente", estará convalidando todo tipo de usurpaciones que al amparo de esas mesas negociadoras, terminen con la aplicación del derecho, el principio de Justicia, la propiedad privada, su resguardo y por últimos las garantías de la Constitución Nacional.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas, pedimos al Gobierno Nacional que asuma la responsabilidad política de poner fin a tanto despropósito y devuelva a los ciudadanos de la Nación, la seguridad de sus vidas, sus propiedades y la confianza en la ley y el Estado de Derecho.

El Estado Nacional y su desinterés, es el principal responsable de la violencia del presente y lo que suceda a futuro.