Cuando destruir una cadena es un mal negocioPor Cristian Mira
Un estudio de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sobre la brecha de precios cada vez más amplia que existe entre lo que reciben los productores por lo que venden y lo que les cuesta a los consumidores la materia prima transformada en alimento abre un interrogante sobre las consecuencias futuras que pueda tener esta tendencia.
Según el trabajo, llamado "De la Tierra a la Mesa", la diferencia promedio entre una y otra punta de la cadena llega a ser del 400 por ciento. Más que estigmatizar al comercio y a la industria procesadora, lo que el informe advierte es que el aumento de los costos internos -energéticos, impositivos y laborales, entre otros- no está siendo acompañado por un incremento de lo que se paga tranquera adentro. Al mismo tiempo, los consumidores también se ven afectados porque el precio de los alimentos sigue el ritmo de la inflación, no la oficial por supuesto.
En el mediano y largo plazo el riesgo más claro de esta tendencia es el desaliento a producir. Esto es claro con el caso del trigo. Por sexto año consecutivo, pese a los intentos de secretarios y ministros de Agricultura, el productor no percibe el precio pleno por el cereal. Y, además, cuando lo cosecha, lo puede vender a cuentagotas. Hay quienes afirman que en este escenario el mejor destino que puede tener el trigo es el forrajero, como un aliado de la ganadería. Quizás pueda ser una alternativa, pero lo preocupante es que, ante el fracaso de los intentos por hacer transparente el mercado de granos, crecen las advertencias de que la intención de siembra de trigo para la campaña 2012/13 será mucho menor a la del ciclo pasado. Ya comenzó el reemplazo del trigo por la cebada o la colza, como cultivos de invierno.
Cuando los mercados son distorsionados -porque el Estado favorece a un sector o no hace nada para alentar la transparencia- la consecuencia es que se destruye el origen de la producción. La industria procesadora o la exportación se coloca en una posición defensiva y trata de adaptarse a ese escenario. Pero también ellos son los perjudicados por esa intervención. Las restricciones a la exportación de carnes y el invento de las "baratas" inventadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, son el mejor ejemplo del perjuicio provocado por la arbitrariedad de un funcionario. Doce millones de cabezas menos en dos años, 15.000 puestos de trabajo de la industria frigorífica perdidos y cien plantas cerradas demuestran las consecuencias de la política que instrumentó el Gobierno para el negocio del ganado y de la carne.
La lechería está en una encrucijada similar. Según los datos divulgados por la Mesa Nacional de Productores de Leche (MNPL) los tamberos reciben hoy el mismo precio que hace un año, aunque los valores que pagan los consumidores se incrementaron entre un 20 y un 30 por ciento. En 2011 se alcanzó un volumen récord de producción, pero las restricciones a las exportaciones y los controles de precios a la industria provocaron un cuello de botella que está a punto de desencadenar en otra de las recurrentes crisis de la lechería. Se sabe que, cuando esto ocurre, se cierran tambos. Por eso la MNPL convocó a una jornada de protesta en Rafaela el 28 de este mes.
Cuando el Gobierno habla de industrializar materias primas en origen o de agregar valor debería comenzar a solucionar los problemas de las cadenas más tradicionales que generan mano de obra y "ocupación del territorio", como dice la terminología oficial.
Nuevamente, como ha sucedido desde 2003, la producción agropecuaria es la que están en mejores condiciones de generar divisas genuinas. No necesita subsidios ni protecciones especiales. Lo refleja la suba de los precios de la soja en el mercado de Chicago que anteayer superó los US$ 500 por tonelada. Aún con la sequía que provoca mermas en la cosecha de soja y maíz, el Estado perdería menos ingresos de los calculados un mes atrás.
A esta altura es casi imposible que el Gobierno lo entienda pero vale repetirlo: el campo es un aliado y no un enemigo. De continuar el rally alcista de precios no sería extraño volver a escuchar la repetida idea de que el campo tiene una "renta extraordinaria" y que, como tal, el Estado debería capturar una parte de ella. Quienes defienden esa idea siguen viendo al agro como una actividad extractiva, que supuestamente aprovecha las ventajas naturales y que no arriesga capital ni invierte. Ese era el pensamiento de los economistas del siglo XIX y mediados del siglo XX que todavía predomina entre quienes toman las decisiones en este Gobierno. Creen que el agro es competitivo sólo porque la pampa húmeda tiene suelos fértiles y la lluvia viene del cielo. Hoy es una cadena de producción en la que se aplica conocimiento, tecnología, capital, organización empresarial, trabajo y un espíritu innovador digno de ser imitado.
RESUMEN
3,6
Millones de toneladas
Alcanzaría la cosecha de girasol
LA FRASE
"Los productores no influyen en el encarecimiento de la mesa de los argentinos"
Rubén Ferrero
Presidente de CRA.
Un estudio de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sobre la brecha de precios cada vez más amplia que existe entre lo que reciben los productores por lo que venden y lo que les cuesta a los consumidores la materia prima transformada en alimento abre un interrogante sobre las consecuencias futuras que pueda tener esta tendencia.
Según el trabajo, llamado "De la Tierra a la Mesa", la diferencia promedio entre una y otra punta de la cadena llega a ser del 400 por ciento. Más que estigmatizar al comercio y a la industria procesadora, lo que el informe advierte es que el aumento de los costos internos -energéticos, impositivos y laborales, entre otros- no está siendo acompañado por un incremento de lo que se paga tranquera adentro. Al mismo tiempo, los consumidores también se ven afectados porque el precio de los alimentos sigue el ritmo de la inflación, no la oficial por supuesto.
En el mediano y largo plazo el riesgo más claro de esta tendencia es el desaliento a producir. Esto es claro con el caso del trigo. Por sexto año consecutivo, pese a los intentos de secretarios y ministros de Agricultura, el productor no percibe el precio pleno por el cereal. Y, además, cuando lo cosecha, lo puede vender a cuentagotas. Hay quienes afirman que en este escenario el mejor destino que puede tener el trigo es el forrajero, como un aliado de la ganadería. Quizás pueda ser una alternativa, pero lo preocupante es que, ante el fracaso de los intentos por hacer transparente el mercado de granos, crecen las advertencias de que la intención de siembra de trigo para la campaña 2012/13 será mucho menor a la del ciclo pasado. Ya comenzó el reemplazo del trigo por la cebada o la colza, como cultivos de invierno.
Cuando los mercados son distorsionados -porque el Estado favorece a un sector o no hace nada para alentar la transparencia- la consecuencia es que se destruye el origen de la producción. La industria procesadora o la exportación se coloca en una posición defensiva y trata de adaptarse a ese escenario. Pero también ellos son los perjudicados por esa intervención. Las restricciones a la exportación de carnes y el invento de las "baratas" inventadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, son el mejor ejemplo del perjuicio provocado por la arbitrariedad de un funcionario. Doce millones de cabezas menos en dos años, 15.000 puestos de trabajo de la industria frigorífica perdidos y cien plantas cerradas demuestran las consecuencias de la política que instrumentó el Gobierno para el negocio del ganado y de la carne.
La lechería está en una encrucijada similar. Según los datos divulgados por la Mesa Nacional de Productores de Leche (MNPL) los tamberos reciben hoy el mismo precio que hace un año, aunque los valores que pagan los consumidores se incrementaron entre un 20 y un 30 por ciento. En 2011 se alcanzó un volumen récord de producción, pero las restricciones a las exportaciones y los controles de precios a la industria provocaron un cuello de botella que está a punto de desencadenar en otra de las recurrentes crisis de la lechería. Se sabe que, cuando esto ocurre, se cierran tambos. Por eso la MNPL convocó a una jornada de protesta en Rafaela el 28 de este mes.
Cuando el Gobierno habla de industrializar materias primas en origen o de agregar valor debería comenzar a solucionar los problemas de las cadenas más tradicionales que generan mano de obra y "ocupación del territorio", como dice la terminología oficial.
Nuevamente, como ha sucedido desde 2003, la producción agropecuaria es la que están en mejores condiciones de generar divisas genuinas. No necesita subsidios ni protecciones especiales. Lo refleja la suba de los precios de la soja en el mercado de Chicago que anteayer superó los US$ 500 por tonelada. Aún con la sequía que provoca mermas en la cosecha de soja y maíz, el Estado perdería menos ingresos de los calculados un mes atrás.
A esta altura es casi imposible que el Gobierno lo entienda pero vale repetirlo: el campo es un aliado y no un enemigo. De continuar el rally alcista de precios no sería extraño volver a escuchar la repetida idea de que el campo tiene una "renta extraordinaria" y que, como tal, el Estado debería capturar una parte de ella. Quienes defienden esa idea siguen viendo al agro como una actividad extractiva, que supuestamente aprovecha las ventajas naturales y que no arriesga capital ni invierte. Ese era el pensamiento de los economistas del siglo XIX y mediados del siglo XX que todavía predomina entre quienes toman las decisiones en este Gobierno. Creen que el agro es competitivo sólo porque la pampa húmeda tiene suelos fértiles y la lluvia viene del cielo. Hoy es una cadena de producción en la que se aplica conocimiento, tecnología, capital, organización empresarial, trabajo y un espíritu innovador digno de ser imitado.
RESUMEN
3,6
Millones de toneladas
Alcanzaría la cosecha de girasol
LA FRASE
"Los productores no influyen en el encarecimiento de la mesa de los argentinos"
Rubén Ferrero
Presidente de CRA.