"En Entre Ríos cada vez se está haciendo más difícil producir"A esa conclusión arribó Raúl Boc Hó, presidente de FARER, en relación a los impuestos, altos costos de energía, prohibiciones para la aplicación de fitosanitarios y caminos rurales destruidos, lo que hace un combo letal para la producción entrerriana.
¿Pudo recuperarse la agricultura entrerriana, luego de la feroz sequía de la campaña anterior?
La agricultura en Entre Ríos tuvo una muy mala cosecha 2017/18 por la sequía, pero esta campaña que está terminando ha sido excepcionalmente buena en la provincia. En trigo tuvimos rendimientos muy por encima de los promedios históricos. La cosecha fue realmente favorable, con un promedio provincial de 3800 kilos. El maíz está terminando la cosecha de primera, sin mayores inconvenientes y también con rindes muy buenos. Según la Bolsa de Cereales, se estima que estamos en un promedio de alrededor de 8000 kilos por hectárea, y acá en Entre Ríos el promedio es de 6000. Los maíces de segunda están buenos y la soja, en general, también.
¿Cómo impactaron las excesivas lluvias de enero y febrero en la producción?
En Entre Ríos tuvieron un impacto en los campos bajos del sur de la provincia, que son ganaderos, y también en la infraestructura, en los caminos y en la accesibilidad. Nosotros ni siquiera le solicitamos Emergencia Agropecuaria a la provincia para la zona agrícola. Solamente la pedimos para un departamento del sur de la provincia y para zonas muy limitadas. Los ganaderos tuvieron que sacar la hacienda y hacer ventas forzosas; esto impactó en lo económico e impositivo porque tuvieron que vender hacienda que no estaba prevista.
¿A qué cultivo decidieron apostar los productores?
Todos apostamos forzados al trigo para salir adelante y fue el salvavidas que tuvimos, porque se sembró bastante en la provincia y la cosecha fue récord. El segundo fue el maíz. Con ello, más o menos, está empezando a haber una recuperación. Había pasivos muy importantes y toda la cosecha se hizo financiada por las cooperativas. Financiamiento bancario casi no hubo por las altas tasas.
¿Qué sucede con la producción arrocera? Se dice que fue la siembra más baja en los últimos 19 años.
Está bajando la superficie en Entre Ríos y eso tiene relación directa con el costo de la energía. Gran parte de las arroceras entrerrianas se habían reconvertido de gasoil a riego por motores eléctricos, y actualmente la tarifa eléctrica de la provincia es la más cara de la región. Esto trae como consecuencia una migración de productores arroceros a las provincias vecinas como Santa Fe y Corrientes, porque los costos allá son mucho más baratos. Este año el rendimiento va a andar en el promedio; el arrocero va a estar con + - 0 de ganancia.
Está desapareciendo el perfil del arrocero típico que había acá en la provincia, que tenía una o dos chacras de arroz y entregaba su producción a los molinos de la zona que lo elaboraban. Están quedando como productores los propios molinos, las propias empresas industriales que necesitan materia prima y algunos productores del norte de la provincia que hacen riego con agua superficial, de río o de represa. Lo tradicional aquí, que era el riego con agua de pozo, está desapareciendo porque el costo de la energía, que es el punto neurálgico del arroz, hace inviable la actividad.
Un tema candente en Entre Ríos es la cuestión ambiental y la lucha de los grupos ambientalistas. ¿Cuál es la posición de FARER respecto a las prohibiciones para las aplicaciones de fitosanitarios como el caso de Gualeguaychú o las aplicaciones cerca de las escuelas rurales de la provincia?
Sobre el tema Gualeguaychú, nosotros nos presentamos desde que salió la ordenanza. Planteamos las posiciones de FARER y no fueron atendidas. El ejido de Gualeguaychú tiene 30 mil hectáreas donde está prohibido el uso del glifosato, pero está permitido el uso de cualquier insecticida mucho más tóxico. Respecto al tema de las escuelas, eso tuvo un impacto muy importante porque se calcula que el área de influencia de la medida judicial abarcó cerca de 300 mil hectáreas -más o menos lo que se siembra de trigo en la provincia-. A fin del año pasado, el Poder Ejecutivo provincial sacó un decreto reglamentario donde ponía luz sobre este tema y estableció los requisitos para hacer las pulverizaciones en las cercanías de las escuelas rurales. Estableció el uso de distancias mínimas: 100 metros para las terrestres y 500 para las aéreas. Anteriormente la medida judicial establecía 1000 metros para las terrestres y 3000 para las aéreas. El Ejecutivo puso lógica en el tema y ese decreto está vigente; reglamenta las distancias y los requisitos, como incluso las condiciones de vientos y de días. Actualmente está todo regulado, pero la novedad es que hace unas semanas, las entidades ambientalistas presentaron un nuevo amparo, pidiendo a la justicia que se derogue este decreto; entonces estamos nuevamente en la batalla judicial.
¿Qué medidas tomaron ante esta situación?
Como FARER, presentamos en Tribunales un escrito pidiendo a la Justicia que no dé lugar a ese pedido de amparo, que deje vigente el decreto del Poder Ejecutivo. En Entre Ríos, los grupos ambientalistas están de alguna manera avalados por el gremio docente, que está muy radicalizado, ideologizado. Hemos pedido reunirnos con ellos y no hemos podido. Con los ambientalistas sí nos hemos reunido una vez en el ámbito de la Secretaría de la Producción; intentamos armar un foro tratando de mantener el diálogo y vamos a seguir teniendo reuniones y buscando consenso por esa vía.
¿Cuál es la posición de FARER respecto al cuidado ambiental?
Como entidad siempre tratamos de incentivar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Nuestra posición es que hay que fomentarlas y no es cuestión de distancia, sino de cómo se hacen las cosas; haciéndolas bien, no existen riesgos para nadie. Hemos hecho el año pasado muchas reuniones con la participación de la Secretaría de Agroindustria, invitando a concejales, legisladores provinciales, realizando demostraciones para clarificar esto, porque pareciera que hay un solo mensaje que es el del sector ambientalista y es muy radicalizado y para ellos, en la provincia los productores somos los envenenadores seriales. En Entre Ríos tenemos estos conflictos judiciales para la aplicación de fitosanitarios, y si le sumás el costo de la energía más alto de la región, y carga impositiva de la más alta de la región, y los caminos rurales destruidos, en la provincia se está haciendo cada vez más difícil producir.
¿Cómo se encuentran las negociaciones con respecto a establecer un esquema para el impuesto
Inmobiliario Rural?
No pudimos ponernos de acuerdo y el Poder Ejecutivo, de manera unilateral, va a aplicar el aumento, que va a rondar el 40%, que para nosotros es excesivo. Tuvimos diálogo pero no tuvimos acuerdo. Los caminos rurales son otro tema que siempre tenemos en agenda, pero no logramos respuesta. Hubo intención de avanzar con algunas herramientas, como un proyecto de ley de Consorcios Camineros, pero el oficialismo no lo avala. Tiene la oposición del gremio de Vialidad, entonces seguimos empantanados en la misma estructura que no tiene capacidad para solucionar el problema de los caminos en la provincia. Y volviendo al tema fitosanitario, también ahí metió la cola la política, porque el año pasado se presentó un proyecto de ley de fitosanitarios en la provincia; estuvimos dos años tratando de consensuarlo entre todos los sectores involucrados. Lo presentamos en Senadores y lo aprobaron por unanimidad; pasó a Diputados y ahí se metió la interna política y un sector del oficialismo peronista, que responde al exgobernador Urribarri, se opuso a la ley y se votó en contra. Y nos quedamos sin ley de fitosanitarios.
¿Cómo se encuentran la ganadería y la lechería en la provincia?
La ganadería está en un leve crecimiento. Estamos en plena campaña de vacunación. Tiene algunas amenazas, como la garrapata. Es una provincia libre pero estamos con mucho tránsito de provincias infectadas. El Senasa no realiza ninguna acción de control de garrapata y lo tenemos que hacer los mismos productores desde la Fucofa (Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa), que componemos FARER, Federación Agraria y la Federación Entrerrianas de Cooperativas. Los propios productores, con un sobrecosto en la vacuna de aftosa, nos hacemos cargo del plan de control de garrapata porque es una amenaza que tenemos siempre.
Por otra parte, FARER integra la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa). En cuanto a la brucelosis, la posición de la COPROSA es que todos los estudios que se han hecho respecto a la incidencia de brucelosis en la provincia dan niveles muy por debajo de los promedios nacionales y no se justifica la implementación de un plan de este tipo. De todas maneras, la decisión la tiene Senasa. Actualmente, lo que estamos haciendo desde las rurales es planificar y hacer reuniones para que los productores estén enterados de la implicancia. En cuanto a la lechería, los tambos están muy complicados. El perfil del tambero entrerriano es el de un productor pequeño, una empresa familiar, y de una escala mediana y pequeña. En general, están viviendo una situación compleja debido a los altos costos y los rendimientos marginales, lo que hace que estén desapareciendo.
¿Qué desafíos tiene por delante FARER para este año?
Para este año tenemos un gran desafío: en Entre Ríos se va a realizar el Congreso Nacional de Ateneos CRA. Tendrá su sede en la rural de Villaguay, en el mes de octubre. Si bien es un tema de Ateneos, nosotros estamos permanentemente en contacto, trabajando en conjunto con ellos y apoyándolos de tal manera que también lo sentimos como una responsabilidad. Queremos que los Ateneos sigan con vitalidad y persistencia, porque hay mucha circulación de jóvenes que, por cuestiones de trabajo o estudios, se ven obligados a irse. Es fundamental su participación en el gremialismo agropecuario para el futuro recambio generacional.
¿Pudo recuperarse la agricultura entrerriana, luego de la feroz sequía de la campaña anterior?
La agricultura en Entre Ríos tuvo una muy mala cosecha 2017/18 por la sequía, pero esta campaña que está terminando ha sido excepcionalmente buena en la provincia. En trigo tuvimos rendimientos muy por encima de los promedios históricos. La cosecha fue realmente favorable, con un promedio provincial de 3800 kilos. El maíz está terminando la cosecha de primera, sin mayores inconvenientes y también con rindes muy buenos. Según la Bolsa de Cereales, se estima que estamos en un promedio de alrededor de 8000 kilos por hectárea, y acá en Entre Ríos el promedio es de 6000. Los maíces de segunda están buenos y la soja, en general, también.
¿Cómo impactaron las excesivas lluvias de enero y febrero en la producción?
En Entre Ríos tuvieron un impacto en los campos bajos del sur de la provincia, que son ganaderos, y también en la infraestructura, en los caminos y en la accesibilidad. Nosotros ni siquiera le solicitamos Emergencia Agropecuaria a la provincia para la zona agrícola. Solamente la pedimos para un departamento del sur de la provincia y para zonas muy limitadas. Los ganaderos tuvieron que sacar la hacienda y hacer ventas forzosas; esto impactó en lo económico e impositivo porque tuvieron que vender hacienda que no estaba prevista.
¿A qué cultivo decidieron apostar los productores?
Todos apostamos forzados al trigo para salir adelante y fue el salvavidas que tuvimos, porque se sembró bastante en la provincia y la cosecha fue récord. El segundo fue el maíz. Con ello, más o menos, está empezando a haber una recuperación. Había pasivos muy importantes y toda la cosecha se hizo financiada por las cooperativas. Financiamiento bancario casi no hubo por las altas tasas.
¿Qué sucede con la producción arrocera? Se dice que fue la siembra más baja en los últimos 19 años.
Está bajando la superficie en Entre Ríos y eso tiene relación directa con el costo de la energía. Gran parte de las arroceras entrerrianas se habían reconvertido de gasoil a riego por motores eléctricos, y actualmente la tarifa eléctrica de la provincia es la más cara de la región. Esto trae como consecuencia una migración de productores arroceros a las provincias vecinas como Santa Fe y Corrientes, porque los costos allá son mucho más baratos. Este año el rendimiento va a andar en el promedio; el arrocero va a estar con + - 0 de ganancia.
Está desapareciendo el perfil del arrocero típico que había acá en la provincia, que tenía una o dos chacras de arroz y entregaba su producción a los molinos de la zona que lo elaboraban. Están quedando como productores los propios molinos, las propias empresas industriales que necesitan materia prima y algunos productores del norte de la provincia que hacen riego con agua superficial, de río o de represa. Lo tradicional aquí, que era el riego con agua de pozo, está desapareciendo porque el costo de la energía, que es el punto neurálgico del arroz, hace inviable la actividad.
Un tema candente en Entre Ríos es la cuestión ambiental y la lucha de los grupos ambientalistas. ¿Cuál es la posición de FARER respecto a las prohibiciones para las aplicaciones de fitosanitarios como el caso de Gualeguaychú o las aplicaciones cerca de las escuelas rurales de la provincia?
Sobre el tema Gualeguaychú, nosotros nos presentamos desde que salió la ordenanza. Planteamos las posiciones de FARER y no fueron atendidas. El ejido de Gualeguaychú tiene 30 mil hectáreas donde está prohibido el uso del glifosato, pero está permitido el uso de cualquier insecticida mucho más tóxico. Respecto al tema de las escuelas, eso tuvo un impacto muy importante porque se calcula que el área de influencia de la medida judicial abarcó cerca de 300 mil hectáreas -más o menos lo que se siembra de trigo en la provincia-. A fin del año pasado, el Poder Ejecutivo provincial sacó un decreto reglamentario donde ponía luz sobre este tema y estableció los requisitos para hacer las pulverizaciones en las cercanías de las escuelas rurales. Estableció el uso de distancias mínimas: 100 metros para las terrestres y 500 para las aéreas. Anteriormente la medida judicial establecía 1000 metros para las terrestres y 3000 para las aéreas. El Ejecutivo puso lógica en el tema y ese decreto está vigente; reglamenta las distancias y los requisitos, como incluso las condiciones de vientos y de días. Actualmente está todo regulado, pero la novedad es que hace unas semanas, las entidades ambientalistas presentaron un nuevo amparo, pidiendo a la justicia que se derogue este decreto; entonces estamos nuevamente en la batalla judicial.
¿Qué medidas tomaron ante esta situación?
Como FARER, presentamos en Tribunales un escrito pidiendo a la Justicia que no dé lugar a ese pedido de amparo, que deje vigente el decreto del Poder Ejecutivo. En Entre Ríos, los grupos ambientalistas están de alguna manera avalados por el gremio docente, que está muy radicalizado, ideologizado. Hemos pedido reunirnos con ellos y no hemos podido. Con los ambientalistas sí nos hemos reunido una vez en el ámbito de la Secretaría de la Producción; intentamos armar un foro tratando de mantener el diálogo y vamos a seguir teniendo reuniones y buscando consenso por esa vía.
¿Cuál es la posición de FARER respecto al cuidado ambiental?
Como entidad siempre tratamos de incentivar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Nuestra posición es que hay que fomentarlas y no es cuestión de distancia, sino de cómo se hacen las cosas; haciéndolas bien, no existen riesgos para nadie. Hemos hecho el año pasado muchas reuniones con la participación de la Secretaría de Agroindustria, invitando a concejales, legisladores provinciales, realizando demostraciones para clarificar esto, porque pareciera que hay un solo mensaje que es el del sector ambientalista y es muy radicalizado y para ellos, en la provincia los productores somos los envenenadores seriales. En Entre Ríos tenemos estos conflictos judiciales para la aplicación de fitosanitarios, y si le sumás el costo de la energía más alto de la región, y carga impositiva de la más alta de la región, y los caminos rurales destruidos, en la provincia se está haciendo cada vez más difícil producir.
¿Cómo se encuentran las negociaciones con respecto a establecer un esquema para el impuesto
Inmobiliario Rural?
No pudimos ponernos de acuerdo y el Poder Ejecutivo, de manera unilateral, va a aplicar el aumento, que va a rondar el 40%, que para nosotros es excesivo. Tuvimos diálogo pero no tuvimos acuerdo. Los caminos rurales son otro tema que siempre tenemos en agenda, pero no logramos respuesta. Hubo intención de avanzar con algunas herramientas, como un proyecto de ley de Consorcios Camineros, pero el oficialismo no lo avala. Tiene la oposición del gremio de Vialidad, entonces seguimos empantanados en la misma estructura que no tiene capacidad para solucionar el problema de los caminos en la provincia. Y volviendo al tema fitosanitario, también ahí metió la cola la política, porque el año pasado se presentó un proyecto de ley de fitosanitarios en la provincia; estuvimos dos años tratando de consensuarlo entre todos los sectores involucrados. Lo presentamos en Senadores y lo aprobaron por unanimidad; pasó a Diputados y ahí se metió la interna política y un sector del oficialismo peronista, que responde al exgobernador Urribarri, se opuso a la ley y se votó en contra. Y nos quedamos sin ley de fitosanitarios.
¿Cómo se encuentran la ganadería y la lechería en la provincia?
La ganadería está en un leve crecimiento. Estamos en plena campaña de vacunación. Tiene algunas amenazas, como la garrapata. Es una provincia libre pero estamos con mucho tránsito de provincias infectadas. El Senasa no realiza ninguna acción de control de garrapata y lo tenemos que hacer los mismos productores desde la Fucofa (Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa), que componemos FARER, Federación Agraria y la Federación Entrerrianas de Cooperativas. Los propios productores, con un sobrecosto en la vacuna de aftosa, nos hacemos cargo del plan de control de garrapata porque es una amenaza que tenemos siempre.
Por otra parte, FARER integra la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa). En cuanto a la brucelosis, la posición de la COPROSA es que todos los estudios que se han hecho respecto a la incidencia de brucelosis en la provincia dan niveles muy por debajo de los promedios nacionales y no se justifica la implementación de un plan de este tipo. De todas maneras, la decisión la tiene Senasa. Actualmente, lo que estamos haciendo desde las rurales es planificar y hacer reuniones para que los productores estén enterados de la implicancia. En cuanto a la lechería, los tambos están muy complicados. El perfil del tambero entrerriano es el de un productor pequeño, una empresa familiar, y de una escala mediana y pequeña. En general, están viviendo una situación compleja debido a los altos costos y los rendimientos marginales, lo que hace que estén desapareciendo.
¿Qué desafíos tiene por delante FARER para este año?
Para este año tenemos un gran desafío: en Entre Ríos se va a realizar el Congreso Nacional de Ateneos CRA. Tendrá su sede en la rural de Villaguay, en el mes de octubre. Si bien es un tema de Ateneos, nosotros estamos permanentemente en contacto, trabajando en conjunto con ellos y apoyándolos de tal manera que también lo sentimos como una responsabilidad. Queremos que los Ateneos sigan con vitalidad y persistencia, porque hay mucha circulación de jóvenes que, por cuestiones de trabajo o estudios, se ven obligados a irse. Es fundamental su participación en el gremialismo agropecuario para el futuro recambio generacional.
