La Patagonia necesita imperiosamente de la Ley OvinaComunicado de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas; la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entidades que integran CRA.
Dentro del paquete de la Ley Bases aprobada recientemente se ubicó a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los fideicomisos supuestamente truchos y su derogación termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica.
Esta ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable.
Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad.
La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país.
Más allá de que todo puede mejorarse, entendemos que el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente. Por ejemplo, cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores. A su vez, los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos.
Resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes; la Patagonia produce el 72 % de la lana total del país y de la cual el 90 % de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios.
En este marco, resulta imperioso generar un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina. Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad.
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Dentro del paquete de la Ley Bases aprobada recientemente se ubicó a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los fideicomisos supuestamente truchos y su derogación termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica.
Esta ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable.
Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad.
La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país.
Más allá de que todo puede mejorarse, entendemos que el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente. Por ejemplo, cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores. A su vez, los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos.
Resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes; la Patagonia produce el 72 % de la lana total del país y de la cual el 90 % de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios.
En este marco, resulta imperioso generar un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina. Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad.
